La ciudadanía en la antigüedad era
un privilegio del que no todos disfrutaban, pues ser ciudadano implicaba ser
libre, y tener la capacidad y la obligación de defender esa libertad. La
victoria romana en la segunda Guerra Púnica (218-201 a.C.) no trajo consigo únicamente
la hegemonía romana en el Mediterráneo Central. Para poder abarcar este
conflicto, Roma debió pedir ayuda a sus ciudades aliadas, y muchas se la
prestaron, bien por motivos de lealtad bien por motivos interesados. El hecho
es que con la victoria romana en la contienda, y viendo la importancia que
tuvieron sus socios empezó a surgir un movimiento de exigencia de igualdad de derechos,
pues ¿no morían igual los hijos de Roma que los de sus socios? ¿Por qué sólo
los hijos de Roma obtendrían la recompensa y el botín de la victoria?
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| Soldado Romano. Extraído de: http://www.derechoromano.es/2015/03/estimacion-civil-derecho-romano-infamia.html |
La ciudadanía romana era una posición
social privilegiada en relación con las leyes, estatus, propiedad y acceso a
las posiciones de gobierno, que solo disfrutaban determinados individuos en la
sociedad romana. Resulta complicado generalizar la forma del ciudadano romano,
ya que fue una figura legal que cambio según iba cambiando la legislación. Pero
para resumir podemos decir que un ciudadano romano era un “hombre libre” que
gozaba de dicho estatus, una condición que podía perderse. Ser ciudadano
implicaba ser portador de ciertos derechos y obligaciones. Entre los derechos
se encontraba el derecho a voto en las asambleas, el postularse y ser elegido,
el derecho a efectuar contratos legales y tener propiedades, la posibilidad de
contraer matrimonio con otro ciudadano romano, y ser beneficiario del derecho
de pater familias, así como que los hijos del matrimonio fueran considerados
ciudadanos de Roma; el derecho a conservar la ciudadanía cuando se viajaba o se
trasladaran a otros lugares. Pero estos derechos venían acompañados de
determinadas obligaciones, pago de impuestos, participación militar,
especialmente si se quería ascender en la política, ect.
En Roma existían distintos tipos
de ciudadanía, que fueron variando a lo largo de la historia de Roma. Por un
lado existía la ciudadanía romana plena, los únicos que podían acceder a la
totalidad de los beneficios y protecciones de la ley romana. Los ciudadanos
latinos, constituido por los habitantes de la “liga latina” y portadores del derecho latino, que les permitía
tener propiedad, comerciar y asentarse en Roma, pero no podían casarse con
ciudadanos Romanos. Por otra parte, los Socci
eran los habitantes de las ciudades aliadas de Roma, y por lo tanto tenían ciertas
obligaciones legales con la Ciudad eterna, otros modelos de habitantes serían
los Provinciales, habitantes de las provincias bajo influencia o control
romano, y los peregrini, cualquier persona que no era ciudadano romano.
Roma no expandía su igualdad jurídica
a sus ciudades alias, de la misma manera que no la expandía a los diversos
territorios que conquistaba. Daba igual lo intensa que fuera la colaboración de
los diversos aliados o lo fácil de la adaptación a las costumbres romanas, Roma
no cedía. Por lo tanto, incluso los itálicos eran considerados extranjeros por
porte de los romanos. Esta aspiración, no era nueva por parte de los itálicos y
posteriormente, bajo el imperio, de todos los territorios protegidos por la
figura de Roma, se trataba de una aspiración compartida tanto por la elite como
por la masa. Es por lo tanto un proceso extraño en los tiempos en los que
vivimos, donde la palabra independencia está presente de forma constante, nos
encontramos en uno de esos momentos en los que los habitantes buscan formar
parte de un destino común, ansían la integración, y esto daría sus primeros
coletazos serios hasta la conocida guerra
de los socci Guerra Marcia o Guerra de los Aliados, un conflicto armado
entre la Republica Romana y sus aliados italianos, que exigían la concesión de
la ciudadanía romana.
Durante la primera década del siglo
I a.C. en el año 95 a.C. se promulgaría la Lex
Licinia Mucia, una ley dirigida contra aquellos “aliados” que hubieran
adquirido de manera fraudulenta la ciudadanía romana mediante datos falso,
creando para ello un tribunal, lo que provocó un fuerte malestar.
En el año 92 a.C. fue elegido
como tribuno de la plebe Marco Livio Druso, que desplego una serie de medidas
entre las que destaca una nueva ley frumentaria, una nueva distribución de
tierras. Para llevarla a cabo pacto en secreto con los “aliados” prometiéndoles
el derecho de ciudadanía a cambio de correr con los gastos de la nueva distribución
de tierras. Estas medidas fueron desaprobadas por el Senado, y Druso fue asesinado,
lo que desencadenó la guerra.
Italia se dividió en dos bandos,
por un lado Roma y los aliados que se mantuvieron fieles y por el otro los
aliados que se rebelaron, creando una república llamada Italia con capital en
Corfinium.
El conflicto se prolongó hasta el
año 88, aunque hay que destacar la participación de Sila a partir de 90 a.C.
La victoria llegó para el bando romano.
Pero a fin de poner fin al conflicto los aliados consiguieron su objetivo. Ya
que en el trascurso del conflicto se aprobaron diversas leyes para la concesión
de la ciudadanía.
La primera, la lex Iulia concedía la ciudadanía a todos
los latinos y comunidades itálicas que no se hubieran levantado en armas, a la
vez que autorizaba a los magistrados a conceder la ciudadanía a los
provinciales que por su lealtad se la merecieran, de la misma manera que los
generales la otorgaran a algunos de sus
soldados.
Una segunda ley, más parecida al
modo actual, fue la lex Plauta-papiria
que consistía en que todo individuo de cualquier comunidad itálica aliada y con
domicilio permanente en Italia, podía adquirir la ciudadanía de manera plena,
siempre y cuando presentara ante el pretor el correspondiente tramite en los 60
días siguientes a la promulgación de la ley.
Estas dos medidas supusieron el
final de la guerra. A efectos prácticos y con la posterior promulgación de la
lex Pompeya del año 89 a.C., que otorgaba el derecho latino a las ciudades de
la Galia Cisalpina; todos los habitantes
de la Península Itálica se convirtieron en ciudadanos de Pleno derecho,
y Roma pasó de ser un concepto reflejado en su Urb a ser algo más amplio y más profundo.
Por primera vez el estado Romano coincidía
con el territorio Itálico. Las ciudades Itálicas se organizaron a imagen de
Roma como municipios. Cada ciudad tenía su asamblea, su senado y sus
magistrados Y la administración redujo a
los distintos habitantes a adscribirse a una de las 8 tribus, lo que a efecto
provocaba que los aliados no pudieran alterar el proceso electoral ni imponer
su punto de vista.
La constante ampliación de los
territorios del creciente “estado” romano traería como consecuencia, tarde o
temprano, de una nueva guerra de estas características, además de que las
ampliantes fronteras romanas pronto necesitarían más recursos de los que la economía
romana podría soportar.
Por lo tanto en el 212 d.C., el
emperador Marco Aurelio Antonino Basiano, promulgó un texto jurídico mediante
el que reformaba el derecho de ciudadanía ampliándolo a todos los habitantes
del imperio, teniendo fuerte impacto en el Ius
Civile ( el derecho romano), y en el ámbito fiscal, pues como nuevos
portadores de derecho ciudadano, también se convertían en pagadores de obligado
cumplimiento de los diversos impuestos que suponía la ciudadanía romana,
haciendo especial efecto en aquellos que debieran pagar impuestos sobre la manumisión
de esclavos o sobre los derechos de sucesión. De esta manera, el emperador tuvo
la oportunidad de sufragar las costosas campañas militares en las que estaba
sumergido el imperio, en la frontera norte contra los germanos y en oriente
contra los Partos
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